Desde el punto de vista del marketing se promueve como la ley que pondrá fin en Chile al sistema de las empresas de informes comerciales, como “Dicom”.

Su error de fondo es creer que el tratamiento de datos personales negativos tiene como única finalidad la evaluación de riesgos para el proceso de otorgamiento de créditos. De aprobarse esta capitis diminutio para las empresas de información comercial sería grave, y la protección de los miles de ciudadanos informados se acercaría a un “perdonazo” de su insolvencia a esta fecha.   

En la legislación extranjera, por las leyes de buros de crédito, y en Chile, por la ley 19.628, la publicación o la comunicación a terceros de información comercial negativa sobre insolvencia patrimonial o sobre mora y protestos es legal. El orden público económico o la economía de una sociedad  requiere estabilidad, y ella se logra con algún grado -limitado en el tiempo- de transparencia para las conductas  que puedan perjudicar el comercio. Un vendedor necesita saber si su comprador es habitué a girar cheques sin fondos que son protestados; una arrendador necesita saber si su eventual arrendatario es insolvente; la posible aceptación de una persona como aval o fiador de otra requiere saber si posee estabilidad comercial;  se necesita la posibilidad de verificar el domicilio real de una persona para poder demandarla;  y una empresa pyme necesita lograr el cobro de sus facturas impagas publicando la morosidad en el pago de sus clientes -publicados los deudores pagan, sin necesidad de juicios ejecutivos-   

De modo alguno esto pone en juego la privacidad de las personas. Porque sobre esta garantía prima el bien común que reclama estabilidad, seguridad y certeza para el comercio y la actividad empresarial. Y, porque si la deuda de dinero es verdadera no forma parte de la privacidad porque sale de la esfera personal y afecta a un tercero que es el acreedor.

La solución propuesta no es la adecuada para evitar los malos usos de la información comercial negativa que al sistema se informa. Si a esta fecha se detectan discriminaciones y perjuicios para una persona al acudir a una clínica, para en trabajador que no es contratado, para una familia al no ingresar a un colegio o para la negativa en la prestación de un servicio básico, lo que debe hacerse es sancionarse duramente esos abusos, estableciéndose multas y obligaciones de responder por escrito y fundadamente y creándose una institucionalidad al efecto. Dicho de otra forma: hay que hacer el trabajo largo que es crear leyes de burós de crédito y corregir las distorsiones, pero no beneficiando a incumplidores y perjudicando a los que se benefician con la publicación de datos sobre insolvencia.

Lo anterior, ha sido entendido por otro proyecto de ley, elaborado transversalmente por la Comisión de Economía del Senado y que está pendiente de patrocinio por el Gobierno. No sólo se contemplan altísimas multas para el uso indebido o no acorde a la finalidad para la cual los datos son recopilados y procesados, sino que se propone la creación de una Superintendencia de Bases y Bancos de Datos.

http://www.habeasdataorg.cl/2008/01/27/internet-no-siempre-es-la-culpable-de-violar-la-privacidad%E2%80%A6/

Hoy, la prensa da cuenta de nuevos cuestionamientos por este tema a la empresa Google:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Google/enfrenta/Espana/borrado/datos/personales/elpepusoc/20110118elpepisoc_3/Tes#despiece2

…En esta pasada estamos con Google; hay irracionalidad en responsabilizar jurídicamente por los contenidos de internet no a los distintos usuarios que los “hostean”, “suben” o almacenan en los servidores de los ISP, sino a una empresa que permite técnicamente localizarlos, relacionarlos y consultarlos en segundos. Es una idea censuradora que también se ha propuesto en Chile, sea para que se impida el acceso a contenidos protegidos por la propiedad intelectual, sea para que se eliminen antecedentes personales de los ciudadanos.

La responsabilidad es del sitio web que origina los contenidos; el buscador sólo enlaza lo que está disponible on line; lo que pasa es que la APD de España es un ente administrativo y hay que ver que resuelven los tribunales; el caso mas famoso es el de un profesor que en un ayuntamiento fue multado por orinar en la vía pública, y la multa se publicó en la página del municipio; “técnica y algorítmicamente” google la enlazó en una búsqueda y los alumnos supieron; pero no es responsabilidad del buscador; si el sitio del ayuntamiento baja la información de la multa, google nada encontrará…

rjl

Los he visto trabajar.  Primero, en el debate de algunos proyectos de ley relacionados sólo con los datos personales y patrimoniales negativos -léase sobre insolvencia, mora y protestos- regulados por el Título III de la ley 19.628.

En segundo lugar y durante tres meses de jornadas, en el análisis y estudio de casos reales de abusos, del contenido de normas extranjeras (Francia, España y Argentina especialmente) y del articulado específico de las leyes vigentes en Chile a esta fecha, todo en pos de la formulación de una Política Pública y de un nuevo marco general normativo para la protección de todo tipo de datos personales en su conjunto, que        -apartándose radicalmente de los modelos extranjeros- se estableció  en 1999 al promulgarse la ley 19.628.  Ella fue insuficiente, por sus deficiencias de forma y de fondo, por sus sombras predominantes más que por sus pocas luces,  y porque esencialmente posibilitó legalizar el negocio de las empresas con mínimas restricciones “para no ser burocráticos” o “para no encarecer los costos del negocio”, como consignan expresamente las Actas.

Pocas veces uno puede sentirse orgulloso de la calidad analítica y de la capacidad de trabajo y empoderamiento de sus parlamentarios.  Es el caso.  La Comisión de Economía del Senado entendió que, junto a la necesaria regulación de un mercado desregulado que permite el tráfico anónimo de listas, bases y bancos de datos personales con fines de lucro, era esencial entender la perspectiva de proteger una garantía fundamental como la privacidad, en Chile vulnerada cotidiánamente.

Como profesor de la Escuela de Derecho de la PUCV inicialmente y como asesor de la Comisión de Economía posteriormente, colaboramos para (i) sistematizar cuáles deberían ser los contenidos al proponer un anteproyecto acerca de la regulación de todo el “Sistema Chileno de Tratamiento de datos Personales” y sus subsistemas específicos; (ii) hacer un levantamiento o catastro de las principales normas vigentes y propuestas como Mociones parlamentarias o Mensajes del Ejecutivo; y (iii) redactar un concreto anteproyecto de  ley global que, con el Norte de establecer una Política Pública clara y centrada en la tutela de la privacidad de los chilenos y en el fortalecimiento de sus derechos como titulares y propietarios de los datos  -…que es la gran novedad ante la vigente y “lírica” ley 19.628-, la Comisión de Economía propondría en forma transversal.

A la espera de la presentación del proyecto definitivo, resulta interesante anticipar algunos de sus principios fundamentales. Los cuatro principios asumidos como esenciales por los Senadores -que en parte menciona la nota de prensa- para la nueva Política Pública de Chile han sido:

(i) Buscar proteger la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución, ante el procesamiento computacional de datos personales ;

(ii) Legislar desde la perspectiva del titular y propietario de datos personales, para dotarlo de mecanismos jurídicos idóneos y eficaces que le permitan ejercer el “habeas data” del artículo 12 de la ley 19.628, autodeterminando, autorizando (casi sin excepciones) y controlando el procesamiento de sus antecedentes;

(iii) Subsanar los problemas derivados de la falta de un registro público de responsables de bases de datos y de un órgano fiscalizador y de control autónomo y descentralizado funcionalmente; y,

(iv) Establecer nuevos estándares legales que modifiquen las condiciones, cargas, obligaciones y responsabilidades de los operadores, agentes o responsables de bases y bancos de datos nominativos, tanto del sector público pero muy especialmente del sector privado, que es donde se presenta con mayor gravedad el conflicto y en forma reiterada los casos de abusos.

Notable trabajo.  De verdad notable. Mientras algunos creen, con pobrísimos argumentos y afanados por lograr posicionamientos políticos en un nicho donde nada tienen que aportar,  que lo esencial es sólo debatir sobre la orgánica o la institucionalidad que velará por la aplicación de esta nueva normativa, los senadores además han trabajado rigurósamente para proponer regular y evitar abusos en el mundo del comercio electrónico, del marketing directo, de la fidelización de clientes, del tráfico de bases de datos, de la publicación de datos sobre insolvencia patrimonial al amparo de la llamada “Ley Dicom” y de la violación de privacidad en redes sociales.

Así me gusta Chile….

rjl

            Una de las secuelas de la última elección presidencial en Chile fue el reflotar de un debate relacionado con las empresas Distribuidoras de Informes Comerciales -no es sólo una, aunque la caricatura diga lo contrario- y los perjuicios patentes y cotidianos sufridos por los chilenos con la actividad de lo que -en otras latitudes- se denominan “bureau de información crediticia” y las empresas de fidelización de clientes. Al debate le faltan contenidos claros para intentar algún grado de ordenamiento. 

            Existe una perspectiva de la sociedad chilena referida a intereses superiores, que en la política, la sociología y

Es el caso de un escritor y ex Director de TV que, por error, registraba un prontuario por una condena cumplida hace 36 años en la base de datos del Servicio de Registro Civil, lo que le impide salir del país.

Bastaba requerir al responsable del sistema del Registro Civil para que corrigiera esa información obsoleta y/o caduca. Pero se optó por presentar un recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones para que, una vez tramitado, se ordenara corregir el error en el sistema.

Les copio la noticia:

Un recurso de amparo contra el Registro Civil presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Santiago José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura 2006, debido a que por un error administrativo de dicho servicio está impedido de salir del país.Según explicó el abogado Roberto Garretón, quien patrocinó la acción, el escritor está invitado a acompañar a la Presidenta Bachelet a la feria del Libro de Bogotá, Colombia, pero no ha podido renovar su pasaporte, puesto que, por problemas en el sistema informático, apareció en su registro una condena que cumplió hace 36 años.Se trata de una pena de 60 días que recibió Varas como autor del delito de injurias proferidas en 1971, cuando era jefe de prensa de Televisión Nacional.“Hicimos un reportaje sobre la matanza de obreros salitreros de la oficina Pedro de Valdivia, en la provincia de Antofagasta. Responsabilizamos de ella al ministro de Defensa, don Juan de Dios Carmona”, recordó el escritor, para explicar el origen del pleito que le impide obtener el documento de viaje.

“Esperamos que la Corte acoja el recurso y que ordene al Registro Civil que le entregue pasaporte”, dijo el abogado Garretón, quien recordó que en 1991 el escritor no tuvo problemas para obtener dicho documento.