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En la línea de lo que escribimos hace algún tiempo, acerca de que “las empresas Dicom son necesarias“, a esta fecha una  propuesta de ley se debate en la Cámara de Diputados (contenida en el Boletín 7392), que busca restringir la herramienta que otorga el sistema legal actual  y esconder la información comercial negativa del acceso del mercado, para que sólo pueda ser consultada por la banca y otras entidades que otorgan créditos.

Desde el punto de vista del marketing se promueve como la ley que pondrá fin en Chile al sistema de las empresas de informes comerciales, como “Dicom”.

Su error de fondo es creer que el tratamiento de datos personales negativos tiene como única finalidad la evaluación de riesgos para el proceso de otorgamiento de créditos. De aprobarse esta capitis diminutio para las empresas de información comercial sería grave, y la protección de los miles de ciudadanos informados se acercaría a un “perdonazo” de su insolvencia a esta fecha.   

En la legislación extranjera, por las leyes de buros de crédito, y en Chile, por la ley 19.628, la publicación o la comunicación a terceros de información comercial negativa sobre insolvencia patrimonial o sobre mora y protestos es legal. El orden público económico o la economía de una sociedad  requiere estabilidad, y ella se logra con algún grado -limitado en el tiempo- de transparencia para las conductas  que puedan perjudicar el comercio. Un vendedor necesita saber si su comprador es habitué a girar cheques sin fondos que son protestados; una arrendador necesita saber si su eventual arrendatario es insolvente; la posible aceptación de una persona como aval o fiador de otra requiere saber si posee estabilidad comercial;  se necesita la posibilidad de verificar el domicilio real de una persona para poder demandarla;  y una empresa pyme necesita lograr el cobro de sus facturas impagas publicando la morosidad en el pago de sus clientes -publicados los deudores pagan, sin necesidad de juicios ejecutivos-   

De modo alguno esto pone en juego la privacidad de las personas. Porque sobre esta garantía prima el bien común que reclama estabilidad, seguridad y certeza para el comercio y la actividad empresarial. Y, porque si la deuda de dinero es verdadera no forma parte de la privacidad porque sale de la esfera personal y afecta a un tercero que es el acreedor.

La solución propuesta no es la adecuada para evitar los malos usos de la información comercial negativa que al sistema se informa. Si a esta fecha se detectan discriminaciones y perjuicios para una persona al acudir a una clínica, para en trabajador que no es contratado, para una familia al no ingresar a un colegio o para la negativa en la prestación de un servicio básico, lo que debe hacerse es sancionarse duramente esos abusos, estableciéndose multas y obligaciones de responder por escrito y fundadamente y creándose una institucionalidad al efecto. Dicho de otra forma: hay que hacer el trabajo largo que es crear leyes de burós de crédito y corregir las distorsiones, pero no beneficiando a incumplidores y perjudicando a los que se benefician con la publicación de datos sobre insolvencia.

Lo anterior, ha sido entendido por otro proyecto de ley, elaborado transversalmente por la Comisión de Economía del Senado y que está pendiente de patrocinio por el Gobierno. No sólo se contemplan altísimas multas para el uso indebido o no acorde a la finalidad para la cual los datos son recopilados y procesados, sino que se propone la creación de una Superintendencia de Bases y Bancos de Datos.